Más formalizados y foco en la ruta del dinero: el balance del equipo de la Fiscalía que combate el crimen organizado

ECOH. Esa es la sigla que desde hace meses comenzó a aparecer en las escenas delictuales del país, mezclándose con la política civil y uniformada. No fue casual. El 23 de noviembre de 2023 debutó en terreno el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en el Ministerio Público, un grupo especializado de más de 250 profesionales a lo largo del país que tiene como principal misión desbaratar las bandas, esclarecer diversos delitos e identificar la ruta del dinero de estos grupos para cortar sus formas de financiamiento ilícito.

Una instancia que como lo explica el director de esta unidad de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, surgió ante el aumento importante de homicidios que se daban en un contexto que uno podía asociar cierto al crimen organizado. “Nuestra fenomenología de los homicidios había cambiado radicalmente, fenómenos de crimen distintos a los que hemos venido trabajando como Ministerio Público y había que enfrentarlos de una manera distinta”, señala.

“Nuestra fenomenología de los homicidios había cambiado radicalmente (...), había que enfrentarlos de una manera distinta”, dice Castillo.

“Estos casos no podían ser tramitados con cualquier fiscal”, señala Morales.

La dinámica del trabajo

El ECOH está inserto en el Plan Calles sin Violencia, que impulsa el Ministerio del Interior y ha sido implementado en 10 regiones, las con más alta frecuencia y/o tasa de homicidios, considerando además su realidad geográfica. Estas son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Biobío.

Castillo detalla que son grupos especializados de trabajo multidisciplinario -que incluye profesionales de diversas áreas-, con disponibilidad 24 horas, los siete días de la semana, y se activan al recibir la noticia de un homicidio, secuestro u otro delito cometido en el contexto de crimen organizado, o sea, donde efectivamente hay indicios de la existencia de negocios o mercados ilícitos. Por lo mismo, ya en el sitio del suceso, el rol es colaborar con el desarrollo de la investigación levantando antecedentes a la brevedad.

Dada la importancia de las indagaciones y la premura, la gerente de la división de estudios del Ministerio Público, Ana María Morales, explica que solicitaron a cada una de las regiones que designaran fiscales preferentes ECOH. “Estos casos no podían ser tramitados con cualquier fiscal”, sostiene, sino que debe ser con aquellos que están establecidos en una resolución a los que les exigen la rendición de cuentas con la obligación de constituirse en el menor tiempo posible frente a la ocurrencia de un homicidio.

En el caso de Región Metropolitana, enfrentaron el desafío de tener cuatro fiscalías regionales. Ante, esto, establecieron un equipo centralizado de analistas, abogados, asistentes y de apoyo a crimen a víctimas y testigos. Son más de 50 personas en la Región Metropolitana a cargo del fiscal regional Héctor Barros.

Están convencidos, destaca Castillo, que la criminalidad organizada se combate, entre otras cosas, con un Estado que se organiza mejor con colaboración entre policías y organismos públicos, lo que -desde el punto de vista de los procedimientos- implica tener más información, más trabajo con las víctimas y medidas intrusivas. “Nuestros niveles, por ejemplo, de interceptación telefónica en materia de horarios inhábiles, que son normalmente los que se condicen con los homicidios en contexto de crimen organizado, se han disparado casi el triple de lo que normalmente se hacía en un año, lo cual da cuenta de que tienes un equipo que está trabajando detrás de un fenómeno y en las 10 regiones”.

Cifras preliminares: más formalizados e imputados

Hasta el año pasado, Morales reconoce que cada vez sabían menos sobre quién estaba detrás de los delitos de homicidio, mientras se observaba un alza en el uso de armas de fuego. De ahí que valora lo que ha ocurrido desde que se implementó el nuevo equipo y modalidad de trabajo. “No solamente tenemos más formalizaciones por los delitos de homicidio y secuestro, sino que también tenemos a más imputados formalizados por estos casos. ¿Qué significa eso? Que estamos empezando a mirar el mercado, a que vemos la organización y ya no nos satisfacemos con solo una persona”, destaca.
Frente a 2023, por ejemplo, hay un aumento de 28,2% en la tasa de casos con al menos un formalizado para homicidios consumados asociados a crimen organizado. También sube 60,5% en la tasa de imputados formalizados para homicidios asociados a crimen organizado luego de ECOH.
Otro frente son los secuestros. Aquí se constata un alza de 107% en la tasa de casos asociados a crimen organizado con al menos un formalizado y un 88% en la tasa de imputados formalizados.
Morales adelanta que trabajan en tener pronto estadísticas sobre los delitos de extorsiones y otros fenómenos que apuntan al crimen organizado y que pueden ayudar particularmente a la persecución de estas bandas. “Uno de los desafíos que hemos tenido en la Región Metropolitana es generar bases de datos integradas sobre las bandas criminales, de indicadores asociados a crimen organizado y ya lo hemos logrado, tener una base unificada, antes existían cuatro bases diferenciadas”, dice.
Capacitación del personal, inversión en tecnología y, por ejemplo, la adquisición de drones y cámaras 3D para el levantamiento de información desde el sitio del suceso son parte de las consideraciones para mejorar el desempeño ante el crimen organizado.

Persecusión patrimonial: más de $ 2 mil millones

Una de las formas para desbaratar las bandas internacionales, explica Castillo, es la persecución individual de personas, pero advierte que también hay que preocuparse de la persecución patrimonial de las organizaciones criminales: “Esta idea de seguir la ruta del dinero, que el mercado no sea rentable, sacarles el dinero sucio que ilícitamente han obtenido”.
Según datos de Fiscalía, en 2023 se incautaron exclusivamente por Ley de Drogas ocho inmuebles, 368 vehículos y $ 2.300 millones en dinero.
Todas cifras que sugieren un negocio y que guardan relación con cálculos privados. Basado en la efectividad del Plan Calle Sin Violencia del Gobierno y la tasa de retorno del negocio del crimen organizado, el economista Sergio Urzúa estimó en 2023 que la industria criminal vende al año cerca del 5% del PIB.
En este contexto, Castillo cuenta que se creó una Unidad de Inteligencia Financiera y Análisis Patrimonial en la Fiscalía para fortalecer la persecución respecto del patrimonio. Además, dice que tienen dos objetivos más fundamentales: “Estamos fuertemente preocupados de lo que tiene que ver con el tema del tráfico portuario; y estamos haciendo un esfuerzo para focalizar una persecución inteligente, con análisis criminal centrada en el fenómeno de la criminalidad organizada que se pueda estar asentando en los centros penitenciarios”.
Sobre esto, enfatiza: “Uno tiene que pensar que al final estos imputados, que esperamos condenarlos como el caso de Los Gallegos, van a estar dentro de nuestros centros penitenciarios”.
Pero así como ven a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda como un aliado principal para ir detrás de la ruta del dinero, Castillo dice que hay que sumar otros actores, como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, además de a la banca por el lado privado.

Factores de criminalidad: migración ilícita y efecto Covid

Chile se constituyó en una suerte de país atractivo para el crimen internacional por diversos factores, señala Castillo. Entre ellos, el aumento del flujo migratorio, “principalmente desde Venezuela, que uno no lo había visto con anterioridad y que claro, tiene algunas externalidades positivas, pero tiene otras negativas, como por ejemplo la facilidad para el movimiento de las organizaciones criminales”.
De hecho, sugiere tener presente que ese flujo es en sí mismo un “mercado ilícito que estas organizaciones criminales utilizan fuertemente para tráfico de armas, de migrantes, y trata de personas para explotación sexual”.
Un caso es del Tren de Aragua, que se fue moviendo desde Colombia, pasando por Ecuador a Perú, Bolivia, hasta llegar el territorio chileno.
El segundo gran factor, según Castillo, fue la crisis sanitaria generada por el Covid-19, que en lo relacionado con el tráfico de drogas se tradujo en una reorganización de la utilización de las rutas y de la disponibilidad de la misma para ser movilizada a Europa, Norteamérica, Asia, o Australia.
“El acopio para distribución de droga que antes se radicaba en Colombia y en puertos ecuatorianos, después de la pandemia también significó una reorganización que desde luego ha tenido impacto en la costa del Pacífico y nuestro país se vio muy atractivo para las organizaciones criminales”, dice Castillo.
Lo anterior, señala, se constata en una fenomenología vinculada al crimen organizado que no había visto antes, lo cual tienen mucha relación con el control territorial.
“Me refiero principalmente al tráfico portuario, a fenómenos vinculados, por así decirlo, con robo de madera asociado a violencia rural o el robo de cobre en el norte, que también está asociado a ciertas organizaciones criminales”, sostiene.

Atractivo de Chile: economía, fronteras y falta de competencia

Dos factores explican desde la perspectiva de director de la Unidad de Crimen Organizado el atractivo que ha generado Chile para las bandas criminales: lo “poroso” de las fronteras y “la dificultad de controlar efectivamente nuestros pasos fronterizos”.
Así, ingresó una alta cantidad de personas al país, que desde el punto de vista forense -precisa Castillo- “son verdaderos fantasmas, porque como institucionalidad desconocemos cualquier tipo de antecedentes de ellos, no sabemos su identidad correcta, no sabemos sus huellas dactilares, no sabemos sus antecedentes pasados por si tuvieran antecedentes de carácter criminal”.
Desde la perspectiva del Ministerio Público, en suma, se trata de sujetos que “son absolutamente no identificados y que generan efectivamente una dificultad en el ámbito de la persecución penal”.
El segundo imán es el económico. “Nosotros teníamos una economía que era sana comparativamente con Latinoamérica, que resaltaba, con capacidad adquisitiva, había dinero en Chile”, describe. Y añade: “Si uno mira las organizaciones criminales como empresas, que es la manera correcta de mirarlas, el mercado de Chile era atractivo en sí mismo por el flujo de activos de capitales”.
Un tercer punto, vinculado a los otros dos elementos, tiene que ver con la falta de competitividad. “Si tú en un lugar no encuentras rivales que te hacen peso y que, por lo tanto, dificultan tu asentamiento territorial, probablemente entonces será un lugar más atractivo para estar”, grafica.
Sobre este punto, cuenta que el Tren de Aragua en Colombia tuvo mucha resistencia de organizaciones que reaccionaron en su contra. En cambio, “en nuestro país esa competitividad no se dio y eso significó que ingresaron organizaciones transnacionales de Colombia, Venezuela, Perú y de Ecuador”, comenta.